La empresaria y televisiva Aída Nízar y un grupo de vecinos de su urbanización de Marbella, Cabopino, iniciaron hace ya casi dos años una lucha sin cuartel contra el presidente de la Comunidad de Vecinos y la administradora de fincas, por supuestas irregularidades con cifras que consideran millonarias.
Eso acabó en una denuncia a los dos citados, además de a Ángel Nozal, concejal del PP en Mijas, que había sido administrador de muchas esas fincas, ejerciendo aún después de dejar su cargo privado en favor del público.
Ahora, a la demanda ya presentada y en la que se hace saber al juez un sinfín de irregularidades contables, se ha añadido el último descubrimiento de los vecinos: la empresa que construyó la urbanización y que tiene varios inmuebles en la comunidad no paga el IBI, sino que lo hace la comunidad de vecinos, según la nueva denuncia, a la que ha tenido acceso 20minutos.es.
"Los inmuebles pertenecen a la mercantil Cerrado del Águila S.A., pero cuyos recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles se cargan en una cuenta corriente de la que es titular la Comunidad de Propietarios Cabopino", dice un nuevo escrito al juez. Además, los auditores al servicio de Aída Nízar y el grupo de vecinos descontentos han encontrado otros pagos de IBI a cargo de la Comunidad a los que no encuentran explicación, por valor incluso de más de 9.000 euros.
Además, esta ampliación de denuncia pone el foco de nuevo en el presidente de la Comunidad, que fue destituido junto a la administradora en una junta de vecinos, que ellos no reconocen, por lo que no han dejado el cargo, ni entregado las cuentas de la vecindad.
"Como ya se indicó en mi anterior escrito de fecha 14 de diciembre de 2.023, el presidente de la Comunidad, Don Gianni Fieno, que actúa en representación de la mercantil propietaria Alfenugi Inmobiliaria S.L., se vanagloria de no abonar 'nunca' las cuotas comunitarias de los inmuebles que pertenecen a esta sociedad".
"Sin embargo, como puede comprobarse en los documentos que acompaño como números uno y dos, esas cuotas se pasan al cobro mediante remesa bancaria, para dar la apariencia de que se abonan y, por tanto, se encuentra al corriente de pago con todos sus derechos en las juntas de propietarios, pero pocos días después se devuelven por saldo insuficiente, sin que sean pagadas posteriormente", alega la denuncia.
No es lo único que le achacan al presidente. "Don Gianni Fieno se ha apropiado de varios inmuebles pertenecientes a la Comunidad, entre ellos un habitáculo destinado a trastero que ha reacondicionado como baño, con cargo a fondos comunitarios y empleando a personal contratado por Cabopino, y lo ha alquilado a uno de sus propios inquilinos, supuestamente actuando en nombre de la Comunidad, pero sin que conste que dicho alquiler se ingresa en la cuenta comunitaria ni se haya autorizado por la Junta de Propietarios", le comunican al juez.
Por si fuera poco, en esta batalla legal de los vecinos contra el presidente y la administradora "la Comunidad sufraga, con sus propios fondos, los gastos de asistencia letrada y representación de los investigados, en cuestiones personales y ajenas a la Comunidad de Propietarios", dice la demanda.
Los "gastos elevados" y "no urgentes" de obras y otros acondicionamientos, supuestamente no aprobados por los vecinos, han llevado a la Comunidad a una situación económica complicada. Los vecinos demandantes "han consultado el saldo bancario de esa cuenta a día de hoy y es inferior a 50.000 euros, por lo que no dispondrían de liquidez para afrontar gastos tan necesarios como salarios o suministros. Es decir, los investigados han incurrido en gastos de tal magnitud que han dilapidado en menos de tres años casi medio millón de euros", exponen.
La demanda acaba pidiendo una medida cautelar urgente: "la remoción provisional de los investigados de sus respectivos cargos de presidente y administradora de fincas, y su sustitución por una Junta Rectora conformada por un presidente, elegido aleatoriamente por este Juzgado entre los propietarios, y dos censores de cuentas, cargo establecido en los Estatutos de la Comunidad".
El germen de una guerra de las comunidades de lujo
En Marbella, el juzgado de instrucción número cuatro investiga a los citados presidente de la comunidad de propietarios de Cabopino, Gianni Fienno, y a la administradora, Michelle van Gaalen, por un posible delito contra el patrimonio.
Van Gaalen, administradora de profesión, se hizo cargo de la empresa de administración de fincas Servicios Alcántara cuando su pareja sentimental y fundador de la misma, Ángel Nozal (también investigado en una causa en relación a esta comunidad), se postuló para la alcaldía de Mijas (Málaga).
Un grupo de propietarios de Cabopino, con Aída Nízar al frente, fueron los primeros en alzar públicamente la voz al detectar una serie de presuntas irregularidades en la gestión de la urbanización.
Quisieron ver los números, pero no se los dieron y tuvieron que recurrir a la justicia, que acabó abriendo diligencias por posible falsedad documental y contable.
"Esta administración tiene secuestrada a la comunidad", comenta una de las propietarias denunciantes, Maribel Gómez, que explica que Servicios Alcántara lleva más de 35 años al frente del vecindario y "cambia al presidente cuando quiere".
En Cabopino, Gianni Fienno -que ha aprobado contratarse a una asistente- está en el cargo desde hace más de quince años. "Paga a destiempo (la comunidad) y, aún así, se ha beneficiado de los descuentos por pronto pago", apunta Gómez, que asegura que Van Gaalen alega que el moroso es el inquilino, sin saber que en España, a diferencia de lo que ocurre en el Reino Unido, el pago de la comunidad es obligación del propietario.
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